El proyecto, nace del interés del gobierno nacional por avanzar en el diseño una política de innovación social que oriente la búsqueda de soluciones a la extrema pobreza, con la participación de los afectados. Para esto lanzó, a través de Colciencias la Convocatoria 635/13 Creación de microfranquicias solidarias, a la cual aplicaron en 2013: Sena (Nariño, Valle y Chocó), Universidad Mariana, Acopi Nariño, Secretaría de desarrollo y competitividad del municipio de Pasto y Corporación Incubadora de empresas de Nariño. El proyecto fue aceptado y se designó a la Universidad Mariana como ejecutora.
Este artículo, dirigido especialmente a la comunidad universitaria, pretende socializar las implicaciones académicas del mismo.
La franquicia es un modelo de negocio cuya característica fundamental radica en que una empresa consolidada (franquiciante) cede, mediante contrato, el uso de su marca o nombre y de los correspondientes procesos de comercialización a otra (Franquiciada) que se beneficia con ello y, en consecuencia, paga los derechos cedidos.
La microfranquicia, por su parte, cumple las mismas características de la franquicia, únicamente que los negocios resultantes (Franquiciados) son más cercanos a microempresa que a la pequeña o la mediana, por lo menos en su fase inicial. Esto vuelve el modelo adaptable a población en condiciones de vulnerabilidad o extrema pobreza, bajo dos condiciones. Primera: una empresa con potencial validado en el mercado cede, bajo un innovador concepto de responsabilidad social empresarial el nombre o la marca, sin cobrar inicialmente el derecho de uso, pero si lo hace periódicamente sobre las utilidades de la nueva unidad productiva. Segunda: los integrantes de la nueva unidad productiva han desarrollado, mediante una capacitación adecuada, las debidas competencias laborales, empresariales y asociativas.
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La creación de microfranquicias, como tema universitario, tiene mucho de investigación aplicada y relaciones con el entorno (antes Proyección social)[1], funciones universitarias que encuentran en el tema de fomento de microfranquicias innovadoras para población en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza, una oportunidad en la cual el saber y la acción se comprometen, sin afán pragmático en el corto plazo, para impactar los ingresos y condiciones de vida de la población más pobre, aprovechando su espíritu emprendedor.
La investigación, además de aplicada, es interdisciplinar y transdisciplinar. Interdisciplinar en cuanto exige la participación de investigadores con formación en diferentes disciplinas sobre un interrogante compartido. En este caso las disciplinas son: Trabajo social, Ingeniería industrial, Administración de empresas, Administración de negocios, Mercadeo, Comunicación social, y, el interrogante compartido, gira alrededor de la innovación social. Transdisciplinar, puesto que además de los profesionales, participan otras personas (no académicas) desde sus propios intereses, en este caso, franquiciantes y franquiciados, pero todos comprometidos en la producción de conocimiento útil para la empresa, el gobierno y la misma educación superior[2]. Se genera así un espacio de formación extrauniversitario a la espera de su retorno e impacto sobre el currículo, que es en últimas lo que diferencia la mera Extensión o Proyección social de las ahora denominadas Relaciones con el sector externo. Un fenómeno frente al cual la Universidad se muestra impasible todavía.
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El tema de la pertinencia de los programas universitarios no se agota en la oferta formativa. La investigación básica, no parece aportar conocimiento útil para la solución de los problemas sociales y empresariales. Esto pone sobre la mesa el tema de la investigación, en especial la del Programa de Contaduría Pública, director en últimas de este proyecto. Durante su existencia ha privilegiado solo la investigación básica, una tipología propia más de disciplinas que de profesiones.
Docentes y estudiantes han conocido y desarrollado solo este tipo de investigación, sin aportar soluciones prácticas a la problemática de las empresas, las cuales reciben a los universitarios como recolectores de una información que raras veces se devuelve debidamente sistematizada, y, cuando se hace, poco o nada aporta a la solución de problemas reales. En el mejor de los casos, queda consignada en papers que posicionan al investigador, al grupo y la universidad en el entorno académico mundial.
Un retorno de la investigación aplicada, útil, al currículo abriría sin lugar a dudas una veta de conocimiento que contribuiría a un mejor desempeño de las unidades productivas del territorio en un entorno nada estable, incrementando de paso el empleo y los ingresos de la población, en especial, de los mismos egresados universitarios. Convertiría la investigación, especialmente la formativa, en un ejercicio gozoso antes que tedioso y frustrante. Docentes y estudiantes, en sus papeles de asesores y jurados los unos y de investigadores en formación los otros, dedicarían los mismos esfuerzos a solucionar problemas reales de la sociedad y las empresas. Conociendo el ámbito universitario, sospecho que más de un docente se quejará de que la investigación aplicada no exige el bagaje intelectual de la básica, pero sí que cuanto de imaginación, creatividad e innovación.
El grupo de investigación Identidad Contable, se ha visto confrontado con la investigación aplicada en los dos años anteriores, a través de su participación en dos Ruedas de negocios de innovación auspiciadas por Colciencias, ejecutadas, una en Popayán y otra en Pasto. En este caso, se trata nuevamente de investigación aplicada no solo en innovación empresarial, también social. La innovación mediada por investigación aplicada todavía coquetea con el currículo, sin lograr enamorarlo. Entre más mejora la calidad docente, más se apoltrona la investigación básica en detrimento de los problemas empresariales y sociales que siguen igual o peor. Todavía existe el convenciemiento de que la contribución universitaria a su solución se da a través de diplomados y cursos.
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Los datos oficiales de la Agencia nacional para la superación de la pobreza extrema, por ejemplo, muestran que solo en Nariño hay 5.644 hogares priorizados para reparación de víctimas. Estas personas hacen parte del 16% de la población de Nariño en pobreza extrema[3]. El gobierno desea que la reparación, expresada en dinero, no quede desecha en pocos días por el consumo, sino que haga parte de la inclusión productiva y sostenible mediante el desarrollo de capacidades socioempresariales, empeño para lo cual lanzó en conjunto con la Unidad Administrativa Especial de Economía Solidaria –UAEOS- y Colciencias la convocatoria 635/13.
Definitivamente, los pobres extremos, ingresan a la universidad por caminos insospechados, con la esperanza de encontrar soluciones innovadoras y sostenibles que mejoren sus precarias condiciones de vida y, de paso, interpelan pertinencia, proyección social, academia e investigación, el corazón de la Universidad.
[1] Véase: Ministerio de Educación Nacional. Seis temas centrales asociados a las condiciones básicas de calidad de instituciones y programas de educación superior. Relaciones con el sector externo. Bogotá: 2013. Págs. 67- 75
[2] Ibid. pág. 56
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